Ideas para una agenda político programática de la campaña de Carlos Gaviria Díaz

La agenda político programática de la campaña de Carlos Gaviria Díaz a la Presidencia de la República en representación del PDA se construye a partir de seis ejes fundamentales:

1. Modelo de desarrollo; 2. Política económica; 3. Política social; 4. Política de seguridad, justicia y paz; 5. Política internacional; 6. Reforma constitucional e institucional. A continuación se presentan los lineamientos generales de los seis ejes político programáticos de la campaña. Se hace especial énfasis en las ideas fuerza que inspiran dichos ejes y que caracterizan el perfil progresista, inclusivo y pluralista del candidato.

1. Modelo de desarrollo

La economía debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la economía. Por tal razón, un modelo de desarrollo social con rostro humano inspira el ideario de campaña de Carlos Gaviria. Bajo este enfoque el florecimiento pleno de las capacidades humanas de todos es prioritario. Se trata de un proyecto político en el que las fuerzas sociales y productivas se organizan para asegurar el bienestar social y la calidad de vida bajo la óptica de un desarrollo ecológicamente sostenible. En síntesis, el modelo de desarrollo propuesto se basa en el cultivo de las virtudes humanas, en la distribución de los beneficios del progreso y en la protección del medio ambiente.

Bajo esta luz, ninguna política de desarrollo con enfoque humanista puede dejar de lado: a. un programa de acción para el desarrollo pleno de las capacidades humanas; b. un programa de acción para la satisfacción de los necesidades básicas; c. un programa de acción para el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología; d. un programa de acción para la inclusión de personas y grupos tradicionalmente marginados y discriminados como son las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, la comunidad romaní, los campesinos o la comunidad LGBT; e. un programa de acción para el desarrollo económico sostenible con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente; f. un programa de participación en las ventajas estratégicas del acceso a riquezas naturales (minerales, agua, energía eólica, etc.)

2. Política económica

La política económica propuesta por la campaña de Carlos Gaviria cree en el crecimiento del bienestar material pero con equidad, sostenibilidad y especial atención por la inclusión de personas y grupos tradicionalmente desfavorecidos o marginados. La redistribución del ingreso marca la pauta central de la política económica del PDA, en claro contraste con las políticas dirigidas a salvaguardar los intereses y privilegios de los mejor situados en la sociedad. La política agraria debe respetar la pequeña y mediana producción, así como los movimientos de reivindicación de la tierra y de la propia concepción de la vida buena. Los grupos sociales subrepresentados en las políticas económicas –mujeres, LGTB, jóvenes, inmigrantes, etc.– y las minorías étnicas y culturales afectadas por la ejecución de macroproyectos de desarrollo tienen derecho a proponer y negociar un desarrollo económico alternativo que se compagine con su autodeterminación de género, orientación sexual e identidad cultural dentro de un diálogo amplio, abierto, intercultural, solidario y comprensivo.
La política económica requiere entonces adelantar: a. un programa de revisión del sistema financiero público y privado; b. un programa de planeación estratégica del manejo de la deuda pública; c. un programa de inversión nacional y extranjera que respete el patrimonio nacional; d. un programa de integración económica regional y continental, solidario y soberano; e. una política monetaria compatible con las políticas sociales de inclusión y lucha contra la desigualdad; f. una política agraria y minera ecológica y socialmente sostenible; g. una política de defensa de las riquezas costeras y marítimas; h. un programa de planeación y manejo de hidrocarburos.

3. Política social

La política social –con sus componentes fundamentales de educación, salud, seguridad social y vivienda – está llamada a ser la columna vertebral de una propuesta de gobierno de un ideario de izquierda democrática. A diferencia de quienes diseñan el Estado social de derecho a partir de pactos desde arriba, la campaña de Carlos Gaviria busca construir el Estado social de derecho desde la movilización social y ciudadana, fiel a la convicción del derecho a la autodeterminación individual y colectiva. El candidato del PDA debe ser un representante de las aspiraciones y un dinamizador de los proyectos que las diversas comunidades autónomamente formulen y desarrollen, con la ayuda del Estado. La política social propuesta promueve la democracia de base, desde abajo, mediante el empoderamiento de los excluidos y la expansión de las políticas de inclusión.

Meta fundamental del programa de gobierno es la racionalización de la intermediación privada, de agenciamiento y financiera, en la ejecución de las políticas sociales. La prestación de servicios públicos básicos de calidad no debe hacer concesiones al ánimo de lucro de particulares sectores sociales. Si bien ello no implica la estatización de los servicios públicos o la prohibición de la intervención de particulares en su prestación, claramente supone dar prioridad a los intereses generales de bienestar social y redistribución económica sobre la ganancia individual.

La política de educación recoge la experiencia histórica del movimiento pedagógico que propugna por la calidad de la educación y el bienestar estudiantil. La Ley 115 de 1994 avanzó en materia de la prestación del servicio pero se quedó corta frente a la construcción colectiva del sentido y fin de una educación. El énfasis en habilidades y en competencias mínimas atenta contra la formación integral, cercena la creatividad e impide la búsqueda de la excelencia humana. Por ello, la propuesta en materia de educación de Carlos Gaviria se orienta a asegurar las condiciones para el cultivo de las virtudes de la honestidad, la justicia y la paz, así como de todas las demás capacidades humanas.

La política de salud y seguridad social parte busca enfrentar la evidente inequidad estructural del sistema de salud y de seguridad social, a todas luces insoportable. Hoy en día los actores dominantes en el sistema privilegian el lucro a las necesidades de atención y protección de las personas. Los colombianos y colombianas nos hemos acostumbrado a pensar que por la salud se paga y la pensión es un privilegio de unos pocos. Frente a esta situación, el fundamento de una propuesta de cambio como la promovida por el candidato Carlos Gaviria supone concebir la salud y la seguridad social no como mercancías transables obtenidas según la capacidad de pago. Para desarrollar este cambio estructural se requiere, entre otras medidas: a. recuperar la red de hospitales públicos y la política de salud pública preventiva; b. desarrollar un sistema de seguridad social integral de carácter universal, que incluya salud, pensiones, riesgos profesionales y otros servicios de protección social, sin barreras económicas para el acceso, basado únicamente en la condición de ciudadano; c. generar procesos de articulación de la seguridad social al conjunto de políticas sociales y de desarrollo sostenible, orientadas a mejorar las condiciones de vida con perspectiva de equidad, en el marco de la profundización de la descentralización territorial del Estado y de la dinámica socioeconómica, no sólo de carácter municipal; d. vincular el cambio en seguridad social a otros procesos y políticas públicas de carácter macro, tales como la democratización de la propiedad, el desarrollo del mercado interno y del empleo digno, en el marco de la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible y la reorganización fiscal basada en progresividad de las cargas impositivas y redistribución equitativa.

Bajo esta luz, ninguna política de desarrollo con enfoque humanista puede dejar de lado: a. un programa de acción para el desarrollo pleno de las capacidades humanas; b. un programa de acción para la satisfacción de los necesidades básicas; c. un programa de acción para el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología; d. un programa de acción para la inclusión de personas y grupos tradicionalmente marginados y discriminados como son las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, la comunidad romaní, los campesinos o la comunidad LGBT; e. un programa de acción para el desarrollo económico sostenible con especial énfasis en el cuidado del medio ambiente; f. un programa de participación en las ventajas estratégicas del acceso a riquezas naturales (minerales, agua, energía eólica, etc.)

4. Política de seguridad, justicia y paz

La verdadera seguridad no se logra por vía de las armas o de la fuerza, sino mediante la recuperación de la justicia como valor y virtud suprema de la sociedad. La justicia es esencial para la seguridad y la paz. Estas se construyen a partir del aprendizaje colectivo de los movimientos sociales, como sucede por ejemplo con el movimiento indígena del Cauca. En un país en guerra no puede haber pensamiento (E. Zuleta).
La inseguridad que amenaza a los colombianos, además de física, es existencial. La agresión contra la vida y bienes de las diferentes personas es expresión de un problema cultural y social más profundo: la pobreza y el subdesarrollo. Los niveles de desigualdad e inequidad existentes en la sociedad colombiana, aunque no explican la violencia, sí generan las condiciones necesarias para su perpetuación. Por eso una verdadera política de seguridad, justicia y paz debe desincentivar los factores de desigualdad e inequidad que favorecen el surgimiento de la violencia.
El país necesita reivindicar la política y diferenciarla, como en tiempos de los griegos, (del servicio) de la policía. La polis, la construcción conjunta de la comunidad, debe asociarse a la virtud ciudadana de reinventar permanentemente la sociedad en que vivimos para hacerla más digna y humana. Un futuro gobierno del PDA buscará adelantar todas las medidas que estén a su alcance para lograr un acuerdo humanitario con las guerrillas para la liberación de todos los secuestrados, como primer paso de una negociación que conduzca a la paz.
La política de seguridad, justicia y paz involucra diversas acciones, como: a. reformas sociales para la inclusión económica de personas y grupos marginados de los beneficios del progreso; b. programa de transformación cultural y rescate de los valores cívicos y humanistas; c. apoyo al fortalecimiento de la fuerza pública, con especial énfasis en la cultura ciudadana y el respeto de los derechos humanos; d. reforma estructural a la administración de justicia para desincentivar la cultura del litigio y de eficiencia en el servicio en desmedro de los derechos fundamentales de los usuarios; e. reforma a los organismos de seguridad del Estado (DAS, DIJIN); f. reforma al régimen de tierras; g. programa especial de atención a los desplazados y a las víctimas de la violencia; h. combate contra el narcotráfico, la criminalidad organizada y los grupos armados ilegales que no acepten entrar en negociaciones prontas y efectivas que conduzca finalmente a la paz.

5. Política internacional

Fiel al ideario de unidad, el programa de campaña del precandidato Gaviria enfatiza el rescate de la soberanía del Estado frente a las injerencias indebidas de gobiernos y organismos internacionales en la política nacional. Bajo el respeto de la propiedad privada, la libre iniciativa económica y la economía social de mercado, el Estado debe recuperar el protagonismo en relaciones internacionales inspiradas en el respeto pleno de los derechos humanos, en el progreso equitativo de los pueblos y en el desarrollo solidario de los países latinoamericanos.
En los últimos años Colombia se ha progresivamente aislado de los avances de la comunidad internacional de naciones en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El actual gobierno ha apoyado guerras adelantadas con fundamento en la mentira y en el engaño, y ha enviado tropas a Afganistán, en contravía de una tradición pacifista y respetuosa de los derechos humanos que identifica la política internacional del país.
La integración económica de los países latinoamericanos debe privilegiar la cooperación entre Estados hermanos en áreas de desarrollo estratégico (educación, riquezas naturales, producción energética), desde una perspectiva de beneficio de los pueblos y no mediante la generación de ganancias particulares por vía del libre mercado.
Pero la integración latinoamericana no se reduce a lo económico. Ella debe incluir una política colectiva de inmigración; la homologación de títulos educativos; el reconocimiento del asilo político como institución protectora de las libertades políticas básicas; la integración cultural, de movimientos sociales y redes de derechos humanos.

6. Reforma constitucional e institucional

Propósito fundamental de las reformas constitucional e institucional es la sustitución de la concepción patrimonial del Estado o “Estado botín” por una concepción moderna del Estado social, constitucional y democrático de derecho. Buena parte de la violencia política se explica porque quienes acceden al poder político se reparten enormes cantidades de recursos y oportunidades (puestos, contratos, ventajas, privilegios) en lugar de orientar las políticas públicas del Estado en beneficio de toda la sociedad. La apropiación de la política por grupos ilegales por clientelas debe ser contrarestadas con la modernización y democratización del sistema político mediante reformas que desmonten la posibilidad de acceder a los recursos del Estado para repartirlos entre grupos particulares. La prioridad constitucional de profesionalizar la función pública, en particular el sistema electoral, constituye un elemento fundamental de la construcción de un estado de civilidad que nos permita salir del estado de naturaleza.
La campaña por la candidatura presidencial del maestro y constitucionalista Carlos Gaviria incluye igualmente una reforma a la Constitución y al orden institucional para recomponer el sistema de pesos y contrapesos que debe caracterizar a un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Este sistema ha sido totalmente trastocado por la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial.
La modernización del Estado y de la sociedad tiene en el narcotráfico una barrera transversal a superar. Las políticas de represión y penalización de la oferta han mostrados sus limitaciones por los elevados costos en vidas humanas y recursos materiales. Mientras tanto aumentan los cultivos ilícitos y las ganacias del tráfico ilícito de narcóticos. Por ello tales políticas deben ser complementadas o reemplazadas con un ambicioso programa educativo y de oportunidades productivas para personas y grupos marginados. El cambio de óptica del gobierno Obama respecto de sus antecesores abre una posibilidad de revisar el enfoque exclusivamente basado en la represión militar y policial. En particular es importante defender el principio de distinción de combatientes y civiles que consagra el derecho internacional humanitario, ello para evitar la criminalización de los campesinos víctimas del negocio ilícito de drogas.
En resumen, las propuestas político-ideológicas de la campaña presidencial de Carlos Gaviria rechazan tanto el cinismo de sectores dirigentes como la indiferencia de personas tradicionalmente excluidas de los beneficios del progreso. Los atentados contra recién nacidos indefensos son un reflejo de la descomposición moral del país. El irrespeto a la vida y la insensibilidad hacia el sufrimiento humano no deben prevalecer en el país. La recuperación de la virtud, la justicia y la excelencia humana es una tarea inaplazable y prioritaria. Debemos todos combatir, con imaginación e inteligencia, la banalidad del mal que se ha instalado últimamente en Colombia. No tanto por nuestro bienestar sino principalmente por el de nuestros descendientes y el de las futuras generaciones.

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